miércoles, 30 de septiembre de 2026

La era digital y el desorden informativo

El lunes pasado, la ONU y, más concretamente, la UNESCO, conmemoraron el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Proclamado por primera vez en 2015 y adoptado formalmente por la Asamblea General de la ONU en 2019, este año 2026 tiene el siguiente lema: “Defender la integridad de la información en la era digital: el papel del acceso a la información frente al desorden informativo”.

En España, dicho derecho tiene la categoría de fundamental y se recoge constitucionalmente en el artículo 20. También está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Ambos textos, la Constitución de 1978 y la DUDH, están muy relacionados, ya que nuestra Carta Magna interpreta los derechos fundamentales y libertades conforme a dicho texto de la ONU, entre otros tratados internacionales (art. 10.2 CE).

El rigor informativo no es patrimonio de las trincheras políticas; quizás cuanto más politizado esté un medio de comunicación, periodista o comunicador, menos confianza genera en el público en general. Mi intención en este artículo será claramente denunciar prácticas, no poner el objetivo en el mensajero.

El caso típico de sensacionalismo político se da sobre todo en el ámbito procesal. Son frecuentes los titulares impactantes que afirman que los jueces piden una pena determinada, generalmente alta, para un caso que, en la práctica, no es para tanto. En estos casos se suele confundir el techo procesal de un procedimiento abreviado (art. 757 LECrim), que tiene unas penas determinadas, con la tipificación penal abstracta, que tiene otras. A veces, por desconocimiento, y otras, por la necesidad de generar un clickbait, el redactor incluye un titular y un cuerpo de noticia que poco o nada tienen que ver con la realidad.

Otra actividad que considero desorden informativo es la proliferación de reporteros que tienen, unas veces, el objetivo de dar la nota para hacerse virales en redes sociales y, en otras ocasiones, van más allá y fuerzan una persecución callejera para promocionar su línea de ropa. Resultan alarmantes las prácticas nada éticas que consisten en publicar de forma implícita dónde viven determinados personajes públicos. 

Es cierto que ese tipo de reporteros se cubren las espaldas y no enfocan directamente el nombre de la calle, pero, en la actualidad, el Street View de Google puede ser utilizado como búsqueda inversa para localizar domicilios de personajes noticiables o no, y acosarlos, no por el reportero, sino por otras personas o grupos ideológicamente opuestos. Este último caso es un evidente conflicto entre la libertad de información (art. 20.1.d CE) y el derecho a la intimidad y la propia imagen (art. 18.1 CE). Con las redes sociales y la viralización de ciertos contenidos, se está creando, por desgracia, una prensa rosa en torno a la crónica política.

Pero, siendo honestos, también hay que decir que perseguir hasta su domicilio a un representante público no se está dando solo en el presente, sino que es una práctica que lleva varias décadas instaurada. ¿Cuál es la diferencia? El alcance público: actualmente, cualquiera puede tener un smartphone y un micrófono y retransmitir una persecución callejera, obteniendo centenares de miles de visualizaciones. Es la pescadilla que se muerde la cola. No estoy queriendo decir que los desórdenes informativos estén generados por personas que no son periodistas. Probablemente, hay muchos licenciados o graduados en Periodismo que cometen dichas acciones.

Es muy preocupante que sean los propios profesionales los que vulneren constantemente la deontología, en el caso más leve, y abusen del derecho constitucional a una información veraz. Quiero remarcar lo de veraz. España no es un estado bananero de izquierdas o de derechas; España es un Estado social, democrático y de derecho en el que, como bien he indicado, existen unos derechos fundamentales, pero también unos deberes u obligaciones.

Creo firmemente que vivimos en una democracia, pero que todavía queda muchísimo por avanzar. La desinformación es un reto que nos atañe a todos y está protagonizada por profesionales de todo el espectro ideológico; hay que erradicar prácticas y corregir a los periodistas y comunicadores que ponen su activismo por encima del derecho a la información veraz.


Juan Jesús Hernández, estudiante de Derecho y administrador de Divulgo Derecho.




lunes, 28 de septiembre de 2026

Una crónica urbanística desoladora

Hace unos días me encontré con este mapa en el Facebook de la Fundación Goerlich. 

Muestra, entre otras cosas, los descampados disponibles para edificar en Valencia.

Que hay en Valencia un problema con la vivienda es evidente.

Es necesario que las autoridades políticas otorguen, mediante la legislación, seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino (sin olvidarnos del promotor); eso sí que sería velar por el interés general. Hay que dejarse de demagogia, tanto de un lado como del otro, y llegar a un consenso.

Sobre el papel de la administración, me gustaría señalar que el jurista español Luis Jordana de Pozas propuso tres tipos de funciones: la de policía (en detrimento de la propiedad privada), la prestacional de servicios públicos y la de fomento (por ejemplo, las deducciones fiscales).

Honestamente, creo que las que más pueden cuadrar en el marco de la vivienda son la de fomento y la prestacional por dos sencillas razones:

  1. Respetan el derecho a la propiedad privada (art. 33 CE).

  2. Coexisten con el derecho a la vivienda digna (art. 47 CE).

El papel de fomento y el prestacional de la administración son, a mi juicio, los más quirúrgicos dentro del campo en cuestión.

También me gustaría expresar la idea de que se está utilizando políticamente este asunto: me parece igual de demagógico culpar a los "fondos buitre" (que, por cierto, deberían definirse en el BOE) que culpar a un determinado credo.

Mi pronóstico, muy a mi pesar, es que en unos años (quizás 10 o 20) la huerta valenciana pague las consecuencias de esta crisis y se legisle para que se reclasifiquen más fácilmente esos terrenos, no solo para la construcción de edificios de viviendas, sino también para aparcamientos disuasorios.

En fin, desolador.


Juan Jesús Hernández González, estudiante de Derecho y administrador de Divulgo Derecho.





viernes, 25 de septiembre de 2026

Celeste: las facturas no mienten

Sara Santano (Carmen Machi) es una inspectora de Hacienda que recibe el encargo de un superior para cubrir el expediente de una popular cantante de música latina llamada Celeste (Andrea Bayardo).

La trama gira en torno a la obsesión de la funcionaria viuda y a punto de jubilarse por demostrar que la mexicana ha estado más de 183 días durante el último año natural en España (es decir, 184 días o más certificados), lo que equivaldría a su residencia fiscal, según el artículo 9 de la Ley del IRPF.

Para ello utiliza todo tipo de estrategias habidas y por haber para intentar enlazar varios indicios que constituyan una prueba definitiva de un presunto delito fiscal.

En la serie, la celebrity acumula una presunta deuda con el fisco cercana a los veinticinco millones de euros.

La Constitución de 1978 refleja los cimientos del sistema tributario español en su artículo 31. En él “todos”, es decir, los residentes (personas físicas que permanezcan en España más de 183 días) están obligados a tributar y contribuir con la administración; ya sea estatal, autonómica, foral o local (esto último se tipifica en legislación de desarrollo).

Actualmente, en España, la vía penal con la AEAT se abre por el presunto delito de 120.000 € por cada tributo y ejercicio fiscal. Es decir, a partir de esa cantidad económica deja de ser una infracción administrativa y pasa a ser un delito.

En el Código Penal de nuestro país, el delito fiscal se regula en el Título XVI De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 y 305 bis del Código Penal): el tipo básico consiste en la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que la persona investigada hubiere regularizado su situación tributaria (art. 305.1 CP).

Los supuestos de regularización extraordinaria para evitar la responsabilidad penal están tipificados en el punto 4 del 305. Si antes de que la Agencia Tributaria o la justicia inicien actuaciones contra el contribuyente, este paga la deuda no tendría consecuencias penales. Si se hace con retraso y el juez lo considera, puede constituir un atenuante.

La producción audiovisual muestra de una forma caricaturesca las dos caras del procedimiento tributario: a una administración que defiende con celo la legislación tributaria y a la parte del contribuyente, incluido su asesoramiento legal, capaz de hacer cualquier cosa por defender su patrimonio. Se muestra a un exfuncionario que ahora se dedica a ayudar a eludir impuestos.

En la serie también se dejan en evidencia las características de los paraísos fiscales (territorios con baja o nula tributación). Concretamente se habla de Panamá, Miami, Granada o Islas Vírgenes. En aquellos lugares, según la trama, la firma de un notario, por ejemplo, es mucho más fácil de conseguir que en una jurisdicción fiscal cooperativa.

Para concluir, y por si no lo sabía el lector, Celeste está basada en el caso Shakira. En la realidad, la cantante colombiana acabó ganando a Hacienda por una sentencia de la Audiencia Nacional en 2026 que anula la resolución del contencioso-administrativo de la AEAT por supuesto fraude fiscal. Pero no quiero desvelar el final de la trama, para ello invito al lector a que la visione en Movistar Plus.


Juan Jesús Hernández González, estudiante de Derecho y administración de Divulgo Derecho.



lunes, 21 de septiembre de 2026

La Casa que enloquece: una parodia del Derecho Administrativo moderno

Las Doce pruebas de Astérix, película animada dirigida por René Goscinny, Albert Uderzo, Henri Gruel y Pierre Watrin, contiene una escena que dura unos diez minutos que en internet la podemos encontrar bajo el título de "La casa que enloquece".

Astérix y Obélix necesitan solo una cosa para pasar la prueba: conseguir el formulario A-38.

Dicha escena es una parodia al sistema administrativo moderno y a la forma actual de relacionarse con la Administración.

Los funcionarios, cuando no estaban descansando u ociosos, comienzan solicitando a los irreductibles galos varias formalidades y requerimientos.

Llega un punto en que nuestros protagonistas, además de exhaustos por subir y bajar escaleras, acaban agotados psicológicamente, por lo que para contrarrestar las negativas administrativas deciden sacarse de la chistera un formulario inventado: el A-39.

La historia acaba con un funcionariado enloquecido y con nuestros amigos obteniendo el formulario A-38, recibido por el mismo coordinador general (solamente tuvieron que pedírselo directamente a él).

En España nos podemos sentir reflejados con este sketch porque, por hache o por be, todos nos hemos relacionado de alguna manera con la Administración: para recurrir una multa, expedir el DNI o solicitar una beca.

La Administración española ha sido advertida en numerosas ocasiones por la Unión Europea y el FMI, entre otras organizaciones, por su excesiva burocracia.

Hace solo cuatro días, la Cámara de Comercio de España emitió un informe titulado: Competir en la economía digital: el papel de las infraestructuras IT.

En él se alabó la administración electrónica actual en nuestro país, pero se reflejó una clara deficiencia burocrática en la coordinación entre administraciones públicas, concretamente entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, proponiendo, entre otras cosas, una ventanilla única de coordinación interadministrativa, la armonización de los estándares regulatorios con la normativa europea (Directiva UE 2023/1791 y el Reglamento Delegado UE 2024/1364) y un plan nacional de suelo apto para centros de datos.

Me gustaría citar textualmente un extracto del informe: "La complejidad administrativa y la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas constituyen barreras significativas para la inversión en infraestructura digital. La simplificación no implica reducir las garantías ambientales o urbanísticas, sino establecer marcos ágiles, predecibles y no discriminatorios".

El 20 de octubre de 2026 se cumplirán cincuenta años del estreno del largometraje en el que se encuentra la peculiar escena. La Administración ha cambiado mucho, pero los profesionales e investigadores del Derecho se siguen sintiendo muy identificados con este tipo de memes.

Sería interesante que nuestras autoridades legisladoras se dejen asesorar mejor por los juristas y escuchen la voz de muchos ciudadanos para crear entre todos una Administración digna del siglo XXI y dejar atrás las trabas administrativas que nos hacen pensar que cualquier parecido con la realidad, al solicitar el ficticio modelo A-38, es pura coincidencia.




Juan Jesús Hernández, estudiante de Derecho y CEO de Divulgo Derecho.

 

sábado, 19 de septiembre de 2026

¿Qué es Divulgo Derecho?

Juan Jesús Hernández González, CEO y fundador de Divulgo Derecho, hace saber que:

Divulgo Derecho nace como un nuevo blog jurídico. En él, su CEO y fundador, Juan Jesús Hernández (quien en 2026 cursa 2.º de Derecho), busca compartir sus experiencias en materia jurídica.

El proyecto da el salto desde las principales redes sociales y se abre con mucha ilusión a la plataforma de blogging más famosa de la web: blogger.com.

¿Qué os encontraréis en este blog?

Ante todo, mi punto de vista sobre la actualidad desde la perspectiva del Derecho. También anuncio que este blog está abierto a que colaboradores, profesionales o no, participen en él.

¿Qué valores e ideario tiene?

Este blog radica en España y, por lo tanto, se rige por la siguiente lista de principios (no necesariamente en este orden):

  1. Estado de Derecho.

  2. Libertad de expresión.

  3. Orden constitucional.

  4. Humanismo cristiano.

  5. Críticas constructivas.

  6. Respeto y cumplimiento de la legalidad vigente.

Quien dirige este blog no tiene adscripción política alguna, más allá de que, puntualmente, pueda defender o criticar la conducta de los representantes públicos o de las instituciones.

Toda crítica estará hecha desde el respeto, la tolerancia y el sentido común de un adulto con capacidad de obrar.

Mi compromiso es que será un blog independiente y subjetivo, pero también divulgativo y apasionado.

Remarco que estará sujeto a la legalidad vigente y no se permitirán publicaciones que crucen o bordeen el marco del derecho penal y/o civil en lo relativo a los límites de la libertad de expresión.

El CEO y fundador se reserva el derecho a no publicar o a borrar con posterioridad las publicaciones que considere que incumplen los preceptos y principios anteriormente señalados.

Las opiniones personales vertidas en este blog, tanto de colaboradores como de lectores, son estrictamente personales, haciéndose responsable cada uno de sus afirmaciones.

¿Cómo me pongo en contacto con Divulgo Derecho?

El principal medio de contacto es el correo electrónico divulgoderecho@gmail.com.

¿Recibe financiación este medio?

No, en la actualidad no tiene financiación. La idea es que sea un blog sin ánimo de lucro.

¿Se cobra por escribir en este blog?

Ninguno cobramos una remuneración por escribir en él. La filosofía es que sea un espacio altruista de estilo win-win. El CEO pone a disposición del colaborador un espacio del que este no dispone, y el CEO lleva a cabo su propio proyecto y potencia su marca.

¿Se puede colaborar de forma regular?

Claro. La idea es que el blog vaya creciendo poco a poco. No se firma un contrato de colaboración, pero se busca un compromiso lo más regular posible para lograr una mejor organización.

Si eres jurista, estudiante de Derecho o ADE, opositor, o simplemente te apasionan los temas jurídicos y quieres formar parte de este proyecto, este es tu espacio.








La era digital y el desorden informativo

El lunes pasado, la ONU y, más concretamente, la UNESCO, conmemoraron el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Proclamad...